Equilibrio Presupuestario

Balance

(Sector de las administraciones públicas)
En primer lugar, es necesario el análisis relativo a si la entidad que vaya a contratar con los agentes privados la prestación de servicios energéticos, pertenece o no al sector de las Administraciones públicas a los efectos de la normativa sobre endeudamiento público, de forma que:

  • Que goce de autonomía de decisión y de un conjunto completo de cuentas.
  • Que tenga carácter público, por corresponder el control a una Administración.
  • Que sus ventas cubran el 50% de sus costes de producción a precios económicamente significativos.

Si la entidad forma parte del citado sector de las Administraciones Públicas (y tal es el caso de las Administraciones territoriales), su endeudamiento incide sobre el déficit público y, por tanto, resulta necesario el examen de la concreta operación.

En este segundo supuesto, será necesario acudir a mecanismos de colaboración público- privada para articular la operación, lo que exigirá analizar la normativa de contratos públicos a efectos de determinar el tipo de contrato que permitirá diseñar el modelo de colaboración público-privada siguiendo los criterios establecidos por EUROSTAT para evitar su consolidación.

Una vez estudiado qué entidades forman parte del sector de las Administraciones Públicas, a los efectos del cómputo de la capacidad o necesidad de financiación (según lo establecido en el artículo 3 de la LGEP), el segundo aspecto que debe analizarse es cómo se clasifican los activos afectos al contrato de asociación, esto es, si el activo ha de registrarse en el balance de las “Administraciones Públicas”, o bien se registra en el balance de los “productores de mercado”. En este segundo supuesto no se produciría incremento del déficit público por la operación.

La consolidación o no en el balance de la Administración dependerá de si el empresario privado asume o no la mayoría de los riesgos derivados de la propiedad y recibe la mayoría de los beneficios.

En las cuentas nacionales los activos afectos a una asociación público-privada sólo podrán considerarse activos no públicos si concurren pruebas de peso que acrediten que el socio privado es el que soporta la mayor parte del riesgo inherente al proyecto.

Para juzgar con mayor precisión quién se entiende que asume la mayor parte de los riesgos o beneficios del proyecto, EUROSTAT asimila la cuestión a la diferencia entre un arrendamiento operativo, en cuyo caso el empresario es titular del activo y de la deuda, y un arrendamiento financiero, en cuyo caso es la Administración quien se reputa titular y deudora.

Según el Manual del SEC-95, los riesgos y beneficios de la propiedad en los modelos expuestos deben evaluarse con arreglo a 8 factores. De acuerdo con los mismos, se entiende que el proyecto tiene las características de arrendamiento operativo cuando el privado:

  • Organiza y paga directamente el mantenimiento y el seguro del activo.
  • Afronta el reembolso de las deudas de la sociedad en caso de rescisión anticipada del contrato.
  • Tiene un amplio margen para tomar decisiones clave sobre el modo de cumplir el contrato, el diseño y la construcción del activo y decide cómo se explota y mantiene para prestar el servicio requerido por el comprador.
  • Hace frente al riesgo del nivel de demanda, esto es, a la mayor o menor utilización del activo que, a su vez, determina los superiores o inferiores ingresos que percibe.
  • Recibe ingresos de terceros distintos de la Administración en una parte considerable.
  • Percibe menores ingresos de la Administración si la puesta a disposición del activo no es la adecuada o si la calidad del servicio no es suficiente.
  • No aumentan los pagos de la Administración pública en caso de incrementos de costes relacionados con el activo para la sociedad privada.
  • Asume el riesgo del valor residual del activo, esto es, se concede a la Administración pública la opción, al final del contrato, de comprar o no el activo al precio corriente de mercado, no estando obligada a comprarlo a un precio preacordado si no lo necesita o si el activo no está en buenas condiciones.

Factores de riesgo según la Decisión de EUROSTAT, de 11 de febrero de 2004:

Con el fin de aclarar qué ha de entenderse por riesgo en el ámbito de los “consorcios público-privados”, EUROSTAT distingue tres categorías de riesgos a las que habrá de acudirse para determinar si el riesgo es asumido por la Administración pública o por la sociedad privada.

“Riesgo de construcción”:
Se deriva de hechos tales como:

  • Retrasos en la entrega de la infraestructura pública.
  • Incumplimiento de los criterios establecidos en el contrato.
  • Asumir costes adicionales que pueden surgir durante la ejecución del contrato.
  • Deficiencias técnicas.
  • Efectos externos negativos, etc.

“Riesgo de disponibilidad”: Este riesgo consiste en:

  • No entregar el volumen convenido en el contrato.
  • Incumplimiento de la normativa en materia de seguridad o de las certificaciones administrativas aplicables a servicios a usuarios finales y especificadas en el contrato.
  • El incumplimiento de los estándares de calidad fijados contractualmente; etc

“Riesgo de demanda”: Este riesgo vendría referido a la variabilidad de la demanda con independencia del comportamiento que realice la sociedad, riesgo éste que ha de surgir de:

  • El ciclo económico.
  • Las nuevas tendencias del mercado de la competencia.
  • De que la empresa actúe con maquinaria obsoleta, pero en ningún caso de la deficiente o baja calidad de los servicios prestados.

Eurostat recomienda que los activos ligados a consorcios público-privados no se computen como activos públicos y, en consecuencia, no se incluyan en el balance de las Administraciones Públicas siempre que:

El socio privado soporte el “riesgo de la construcción” y, además, soporte al menos uno de los otros dos riesgos restantes: riesgo de disponibilidad o riesgo de demanda

Factores de riesgo según la Decisión, de 11 de febrero de 2004:

En los casos en los que las aplicaciones de los criterios anteriores resultan insuficientes para determinar quién (Administración/sociedad privada) asume el riesgo, habrá de atenerse subsidiariamente a los siguientes criterios:

  • Importancia de la financiación pública.
  • Naturaleza de los socios (i.e. que la sociedad sea una empresa pública).
  • Los efectos de las garantías públicas que se hubieran podido introducir en el contrato.
  • Las estipulaciones relativas a la atribución final de los activos.