Factores de riesgo

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Factores de riesgo

Factores de riesgo según la Decisión, de 11 de febrero de 2004:

En los casos en los que la aplicación de los criterios anteriores resultan insuficientes para determinar quién (Administración/sociedad privada) asume el riesgo, habrá de atenerse subsidiariamente a los siguientes criterios:

  • Importancia de la financiación pública.
  • Naturaleza de los socios (i.e. que la sociedad sea una empresa pública).
  • Los efectos de las garantías públicas que se hubieran podido introducir en el contrato.
  • Las estipulaciones relativas a la atribución final de los activos.

Con carácter general, la colaboración público-privada puede desarrollarse bajo distintas fórmulas contractuales dentro de las posibilidades que ofrece el TRLCSP (LCSP), de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Desde la perspectiva de la normativa de contratación pública, dos son las cuestiones que habrán de contemplarse:

El grado de aplicación de la LCSP a la entidad que vaya a contratar (Administración pública o poder adjudicador). En función de la calificación de la entidad a efectos de la LCSP:

  • La sujeción a la Ley será más o menos intensa en cuanto a los requisitos procedimentales de preparación y adjudicación.
  • El contrato se regirá, en cuanto a los efectos y extinción, por las normas de Derecho Administrativo o de Derecho Privado, lo que permite mayor flexibilidad a la hora de diseñar el contrato, si bien conlleva consecuencias importantes en cuanto a la posibilidad de uso de prerrogativas o potestades administrativas, efectos de la resolución del contrato, etc.

El tipo de contrato que permitirá materializar la colaboración, lo que, a su vez, dependerá también del tipo de prestaciones que se requieran del sector privado y de las necesidades a satisfacer por parte de la Administración.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre BOE