Modelo de colaboración público-privada

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Modelo de colaboración público-privada

Una vez estudiado qué entidades forman parte del sector de las Administraciones Públicas, a los efectos del cómputo de la capacidad o necesidad de financiación (según lo establecido en el artículo 3 de la LGEP), el segundo aspecto que debe analizarse es cómo se clasifican los activos afectos al contrato de asociación, esto es, si el activo ha de registrarse en el balance de las “Administraciones Públicas”, o bien se registra en el balance de los “productores de mercado”. En este segundo supuesto no se produciría incremento del déficit público por la operación.

La consolidación o no en el balance de Administración dependerá de si el empresario privado asume o no la mayoría de los riesgos derivados de la propiedad y recibe la mayoría de los beneficios.

En las cuentas nacionales los activos afectos a una asociación público-privada sólo podrán considerarse activos no públicos si concurren pruebas de peso que acrediten que el socio privado es el que soporta la mayor parte del riesgo inherente al proyecto.

Para juzgar con mayor precisión quién se entiende que asume la mayor parte de los riesgos o beneficios del proyecto, EUROSTAT asimila la cuestión a la diferencia entre un arrendamiento operativo, en cuyo caso el empresario es titular del activo y de la deuda, y un arrendamiento financiero, en cuyo caso es la Administración quien se reputa titular y deudora.

La consolidación o no en el balance de la Administración dependerá de si el empresario privado asume o no la mayoría de los riesgos derivados de la propiedad y recibe la mayoría de los beneficios.

En las cuentas nacionales los activos afectos a una asociación público-privada sólo podrán considerarse activos no públicos si concurren pruebas de peso que acrediten que el socio privado es el que soporta la mayor parte del riesgo inherente al proyecto.

Para juzgar con mayor precisión quién se entiende que asume la mayor parte de los riesgos o beneficios del proyecto, EUROSTAT asimila la cuestión a la diferencia entre un arrendamiento operativo, en cuyo caso el empresario es titular del activo y de la deuda, y un arrendamiento financiero, en cuyo caso es la Administración quien se reputa titular y deudora.

Factores de riesgo según el Manual SEC-95

Según el Manual del SEC-95, los riesgos y beneficios de la propiedad en los modelos expuestos deben evaluarse con arreglo a 8 factores. De acuerdo con los mismos, se entiende que el proyecto tiene las características de arrendamiento operativo cuando el privado:

  • Organiza y paga directamente el mantenimiento y el seguro del activo.
  • Afronta el reembolso de las deudas de la sociedad en caso de rescisión anticipada del contrato.
  • Tiene un amplio margen para tomar decisiones clave sobre el modo de cumplir el contrato, el diseño y la construcción del activo y decide cómo se explota y mantiene para prestar el servicio requerido por el comprador.
  • Hace frente al riesgo del nivel de demanda, esto es, a la mayor o menor utilización del activo que, a su vez, determina los superiores o inferiores ingresos que percibe.
  • Recibe ingresos de terceros distintos de la Administración en una parte considerable.
  • Percibe menores ingresos de la Administración si la puesta a disposición del activo no es la adecuada o si la calidad del servicio no es suficiente.
  • No aumentan los pagos de la Administración pública en caso de incrementos de costes relacionados con el activo para la sociedad privada.
  • Asume el riesgo del valor residual del activo, esto es, se concede a la Administración pública la opción, al final del contrato, de comprar o no el activo al precio corriente de mercado, no estando obligada a comprarlo a un precio preacordado si no lo necesita o si el activo no está en buenas condiciones.